Moralizar la Función Pública.

LA QUINTA COLUMNA-SALTA.- El Pueblo de  la Nación Argentina siente la impostergable necesidad de  reafirmar el ya iniciado proceso de moralización de  la función pública, porque  sólo así se va a preservar y enriquecer la calidad institucional de  nuestro Estado de  Derecho.-

No olvidemos que la Función Pública es precisamente lo que su título indica, la obligación de  servir de  manera eficiente por parte del funcionario a la comunidad que lo invistió de dicha función.

Ser funcionario público, no debe, ni puede ser considerado un privilegio con un cúmulo de  prerrogativas inexistentes e inaceptables, todo lo contrario, el funcionario público es el sujeto  obligado en la relación existente entre el Estado y los administrados y esto le brinda nobleza a su actividad. No importa si pertenece al ámbito Nacional, Provincial o Municipal, como tampoco si sus funciones se desempeñan en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. –

Por ello, es un indelegable e irrenunciable deber de  todo ciudadano el de  exigir la mayor transparencia en el desarrollo de  la función pública, como también exigir la acreditación del único requisito para acceder a la misma, el cual no es otro conforme la Constitución Nacional, que el de  la “idoneidad”.

No es sólo la idoneidad técnica la que habilita al funcionario, si bien esta se traduce en la capacidad para el cumplimiento de  las funciones respectivas por parte del mismo,  no es menos importante la denominada “idoneidad moral”, que implica no solo la existencia de  una conducta ajena a las previsiones del Código Penal, sino también  la de  ser portador de  una forma de  vida honesta y decorosa, donde su privacidad sea reducida a la máxima expresión, de  ahí que los romanos decían que la mujer del César no spolo debe ser honesta, sino también aparentarlo.-

Así surge que es necesario que todo funcionario público no solo rinda cuentas de  su gestión en debida forma y oportuno tiempo, lo que en nuestros días parece una obligación caída en desuso, siendo necesario también que el mismo sea responsable civil, penal, administrativa y políticamente de  sus actos como tal, lo que no es nada nuevo en lo formal si tenemos presente que el artículo 5to de   nuestra Constitución Provincial así lo prevé.

Tenemos la obligación de  bregar por mayor transparencia, para que el turismo y no la función pública, sea la única generadora de  ganancias de  una actividad sin chimeneas. La función pública es un acto de  servicio al prójimo, a la comunidad en su conjunto y no puede constituirse en un conchabo altamente rentado que se convierte en una forma de  vida, esto implica la profesionalización de  la política, lo que no implica capacidad para el cargo cualquiera sea el mismo, sino eterna continuidad vulnerándose el llamado “cursus honorus” de  los romanos.

Hay que recuperar al Estado en el mejor y más amplio de  los sentidos, y quienes administran la llamada cosa pública no pueden, ni deben perseguir un inmoral enriquecimiento del Estado, todo lo contrario, si se persigue un fin de  lucro no puede haber cabida para tales portadores, para eso está el campo de  la actividad privada donde los errores se pagan con el propio patrimonio y  no con los impuestos que tributan  los conciudadanos.-

Es mi anhelo que los hombres tengan el honor y privilegio de  pasar por la Función Pública, deben ser recordados no por sus logros que son circunstanciales, sino por haber sido buenas personas, ello todo lo incluye.-

Salta,    22 de  Abril de  2.019